PROCURADURÍA REÚNE A FISCALES Y AUTORIDADES ENCARGADAS DE APLICAR NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA

Más de 50 fiscales, incluyendo representantes de Colombia, Ecuador, El Salvador y Panamá, quienes participan en el Programa Extraordinario de Formación (PEF), de la Escuela Nacional del Ministerio Público, visitaron los centros de corrección y rehabilitación de esta ciudad, para analizar los avances y las metas del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que se implementa en el país.
Tras finalizar el encuentro, que incluyó un recorrido por los referidos centros de corrección y rehabilitación, los fiscales extranjeros, quienes forman parte de la promoción XII Y XIII del PEF, elogiaron la profesionalidad, higiene, seguridad, programas educativos y deportivos, implementados por las autoridades locales.
Entienden que este modelo de gestión garantiza mayores posibilidades de rehabilitación a los internos e internas.
Los fiscales Wilson Toainga y José Israel Zabala, de Ecuador y El Salvador, respectivamente, manifestaron que tomaran apuntes de todo cuanto han visto para recomendar su implementación en las cárceles de sus países.
“Es impresionante la forma que se trata a los internos en este novedoso sistema y puedo afirmar que representa un referente en América”, precisó Toainga.
Una Nota suministrada por la Subdirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia en Santiago, dice que la actividad inició a las 11:00 de la mañana de este viernes con la presentación de un espectáculo artístico a cargo del grupo Las Mariposas por la Libertad, integrado por internas de Rafey-Mujeres.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Henry Garrido, supervisor de Prisiones y Coordinador del encuentro, mientras que Martha Rodríguez, de la Escuela Nacional del Ministerio Público, destacó la importancia de la rehabilitación para la reducción de la criminalidad.
Se explicó a los visitantes que el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria tiene el propósito de ofrecerles a las personas privadas de libertad, la oportunidad de vivir en espacios dignos, con todas las atenciones que requieren para su rehabilitación y posterior reincorporación a la sociedad de manera productiva.
La implementación de este nuevo sistema, al que han sido incorporados 10 centros de corrección y rehabilitación del país, busca erradicar el hacinamiento de los centros penitenciarios, con la construcción o remodelación de sus plantas físicas, implementación de programas de educación, rehabilitación y recreación, así como acceso a servicios de salud física y mental.
Entre los fiscales presentes figuran los iberoamericanos José Israel Zavala Cubias, jefe de la Oficina Fiscal del Departamento Cojutepeque, de El Salvador, y Milagros Del Carmen Vergara Espinosa, fiscal segunda, encargada del Circuito de Herrera; Jaime Alonzo Zetien Castillo, fiscal Seccional número 6, de Cartagenas de Indias, Colombia, y Dilza Virginia Muñoz Moreno e Wilson Toainga, agentes fiscales del Distrito de Pichinga, de la República de Ecuador.
Igualmente, estuvo presidida por los directores de los centros de corrección y rehabilitación de Rafey-Mujeres y Rafey-Hombres, licenciados Keysi Torres y Erickson Bobadilla, y los jueces de Ejecución de la Pena de la provincia Santo Domingo y Santiago, doctor Rafael Báez, y el licenciado Rubén Darío Cruz, respectivamente.
Sub Dirección de Información, Prensa y Publicidad

Procurador admite haber autorizado desestimación de acción penal contra ejecutivos Bancrédito

SANTO DOMINGO.- El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña admitió hoy que dio instrucciones precisa al procurador adjunto Moisés Ferrer para la preparación y el depósito del escrito de contestación del recurso de casación que presentaran los ex ejecutivos de Bancrédito, desistiendo de la acción penal en su contra.

Sostuvo que el referido dictamen con su autorización, fue emitido con relación a un expediente sometido a instancia de particulares, quienes en el curso del proceso desistieron de su acción por haber sido resarcidos, razón por la cual el Ministerio Público entiende que no se justifica la continuación de la persecución penal en lo que respecta exclusivamente a ese expediente.

Aseguró empero, que en torno al expediente acusatorio que cursa en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en contra de Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, presidente y vicepresidente, respectivamente de la entidad bancaria, el Ministerio Público ratifica su firme voluntad de solicitar a las jurisdicciones competentes que sean impuestas las sanciones correspondientes frente a hechos que causaron una importante lesión patrimonial al Estado Dominicano.

Manifestó que el Ministerio Público ha dado muestras inequívocas de su compromiso con la persecución de los casos de fraudes bancarios que se originaron en varias querellas presentadas por la Autoridad Monetaria y Financiera por ante el Ministerio Público.

Jiménez Peña dijo que la opinión vertida en dicho escrito presentado el pasado 7 de octubre ante la Suprema Corte contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 11 de agosto de 2008, es la que se corresponde con la convicción que tiene el Procurador General de la República.

“La Procuraduría General de la República, hace saber a la opinión pública que ciertamente impartió instrucciones al procurador general adjunto, Moisés Ferrer, para la preparación y el depósito del escrito que fuera dirigido a la Suprema Corte de Justicia el 7 de octubre de 2008”, apuntó Jiménez Peña.

El funcionario insistió en que dicha sentencia que condenó a los imputados a 8 años de prisión y multa de RD$2, 500,00, tuvo su origen en un proceso penal a instancia de varios particulares que, posteriormente, desistieron de ese proceso por haber sido resarcidos en sus intereses.

Otro expediente
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se encuentra pendiente del conocimiento de otro expediente donde figuran como imputados Pellerano Peña y Felipe Mendoza Gómez, por presunta violación a los artículos 147, 148, 408 del Código Penal y los literales d) y e) del artículo 80 de la Ley No. 183-02 (Ley Monetaria y Financiera), por los hechos de Falsedad en Escritura Pública o Auténtica, Uso de Documentos Falsos, Estafa, Abuso de Confianza y Alteración y Manipulación de Datos y Documentos.